Sistema de Educación en Chile: Estructura y desafíos

Para comenzar con el siguiente artículo, es necesario especificar que la educación en Chile se divide en cuatro fases:
Educación de párvulos, Enseñanza Básica, Enseñanza Media y Superior.​

 

Imagina: Kaho Miyamoto, Equipo Educate For

La educación chilena está regida por la Ley General de Educación (LGE) de 2009, sucesora de la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza (LOCE) introducida durante la dictadura militar.

Chile tiene un sistema escolar organizado en un nivel primario de ocho años de educación obligatoria que atiende al grupo de edad entre 6 y 13 años y un nivel secundario de cuatro años de duración, que atiende al grupo de edad entre 14 y 17 años en dos modalidades: una definida por el carácter académico y general de su currículum (humanístico-científico), que prepara para la continuación de estudios en el nivel terciario y otra de tipo vocacional (técnico- profesional), que prepara para la inserción en el trabajo.

El sistema de educación preescolar atiende a la niñez de 0 a 5 años a través de una diversidad de instituciones tanto públicas como privadas, y su matrícula se concentra en el grupo etáreo de 4 a 5 años.

Los sistemas preescolar y escolar atendieron en 1992 una matrícula de 3.1 millones: prácticamente cuatrocientos mil niños (entre 2 y 5 años) en preescolar; poco más de dos millones en educación básica y poco menos de setecientos mil jóvenes en educación media. Mientras la cobertura de la educación básica es prácticamente universal, oscilando entre un 91% y un 96% desde comienzos de la década de 1970, la de la educación secundaria experimentó una fuerte expansión en la última década, pasando de un 65% en 1982 a un 80% en 1990 y bajando levemente en 1992 (78,8%). La cobertura del nivel preescolar, en tanto, alcanzó a un 28,4% del grupo 2- 5 años en 1990 y experimentó una expansión significativa en los últimos tres años, alcanzando a 33,0% en 1992.

En términos organizacionales, el sistema escolar es heredero de un modelo altamente centralizado de provisión estatal de educación, que se remonta a mediados del siglo XIX, interrumpido por una reforma descentralizadora y privatizadora profunda aplicada por el régimen militar a lo largo de la década de 1980 y no cuestionada luego por el Gobierno democrático que asume en 1990.
La reforma de los años ochenta, coincidente como se verá con transformaciones estructurales en el nivel de la educación superior, consistió en tres medidas principales: en primer término transfirió la administración del conjunto de los establecimientos escolares, hasta entonces dependientes del Ministerio de Educación, a los 325 Municipios del país (hoy 334), los que pasaron a manejar su personal, con poder de contratar y despedir profesores, su infraestructura y los sistemas de soporte (bibliotecas, materiales didácticos), mientras el Ministerio de Educación mantenía funciones normativas, de definición del currículum y de los libros de texto, de supervisión y de evaluación; en segundo lugar, cambió la forma de asignación de los recursos, de una modalidad basada en los presupuestos históricos de gasto de los establecimientos a una modalidad basada en el pago de una subvención por alumno atendido; adicionalmente, el pago por alumno fue calculado de modo que operara como incentivo económico para el ingreso de gestores privados dispuestos a establecer nuevos establecimientos de educación básica y media; por último, la reforma traspasó la administración de un número de establecimientos públicos de educación vocacional (nivel medio) desde el Ministerio de Educación a corporaciones constituidas ad hoc por asociaciones de empresarios.

Del análisis de las políticas aplicadas en Chile respecto del sistema escolar y del sistema de educación superior, se desprende una orientación común; el cual es, un desplazamiento desde el uso de regulaciones burocrático-administrativas de los sistemas hacia formas de regulación por incentivos, información y evaluación. Dicho movimiento compromete prácticamente todas las esferas de los respectivos sistemas y diversos aspectos de las políticas empleadas.
Una conocida clasificación de los instrumentos de gobierno toma como criterio el grado de restricción que implican sobre las conductas de los agentes o agencias reguladas, y sobre esa base distingue entre: a) instrumentos de información; b) instrumentos del tesoro (contratos, incentivos, transferencias, beneficios); c) instrumentos de autoridad (certificados, aprobaciones, autorizaciones, restricciones, etc.); y, finalmente, d) instrumentos de acción (actividades, desde defensa a actividades productivas y control del tráfico) (Hood 1983).
Desde la perspectiva de los instrumentos de las políticas estatales empleadas, parece razonable suponer que la década de los noventa se caracterizará en Chile por un acento en los mecanismos del tesoro que se refieren a incentivos, por un lado, y, en general, a mecanismos de información y evaluación, por el otro. Efectivamente, en las políticas analizadas a lo largo de este trabajo hay una redefinición sustantiva del eje del accionar estatal: del tradicional, centrado en las asignaciones automáticas del tesoro público y el uso de comandos y controles administrativos propios de la gestión burocrática del Estado, a un nuevo arreglo de instrumentos, que combina el uso de incentivos, fondos competitivos y asignaciones vinculadas al rendimiento con el uso de mecanismos de información y evaluación.
Ahora bien, pese a los implementos en Educación, aún se mantiene vigente la normativa de la Ley Orgánica de Educación, quien establece que cada persona es libre de escoger el sistema educacional –público o privado – que más se “adapte a las necesidades de los estudiantes”. Esto último, no precisa lo que describe la problemática actual: la libertad de mercado en la Educación, pues la elección se limita a una cuestión económica y no por necesidad. Esto quiere decir, que la educación chilena desde la Ley Orgánica de Educación, está estructurada de tal manera que focaliza la educación como un modelo de mercado en donde quien tenga los recursos necesarios, podrá estudiar con una mejor calidad. Esto, aplicado a los establecimientos educacionales que tienen mayores recursos. Es nuestro mayor desafío combatir esta desigualdad para que aquellos niños que no puedan acceder a la calidad educacional se acerquen lo mayor que puedan.
De esta manera, la calidad se convierte en un negocio que beneficia sólo a un sector de la población, manteniendo niveles de desigualdad no sólo en la Educación, sino en el país completo.

 

Dentro de los países que pertenecen a la OCDE, Chile es uno de los países con mayor desigualdad a nivel educativo y general también. Esto es preocupante, pues a fondo, se puede percibir que no todos los estratos sociales pueden acceder a una educación de calidad y sólo aquellos sectores de la población que tienen más recursos pueden hacerlo. De esta manera, se perpetúa un sistema desigual, perfilando un círculo vicioso que no permite a toda la población salir de la pobreza o acceder a trabajos o viviendas dignas.

 

Según informe de la OCDE del 2015, la desigualdad educativa es impactante. “Como la desigualdad en los ingresos aumentó desde los años noventa, la movilidad social se estancó; eso significa que menos gente en la parte inferior de la pirámide social ha podido ascender mientras los más ricos han mantenido sus grandes fortunas. Esto tiene graves consecuencias sociales, económicas y políticas”, según un nuevo informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo (OCDE).

 

Para que el repunte en desigualdad sea más efectivo, Chile necesita reestructurar la inversión en Educación, considerando lo que se gasta por alumno y crear así, nuevas maneras de financiar la educación que apunten a más igualdad y equidad. Es necesario velar por políticas que se encarguen de redistribuir los ingresos en Chile y la economía en su totalidad para que la Educación alcance los mejores niveles en toda su población.
De esta manera, las nuevas políticas necesitan asegurar iguales oportunidades respecto a procesos y resultados educacionales. En una sociedad crecientemente diferenciada esto supone un nuevo concepto de equidad. Uno que no descansa en la noción de una provisión nacional homogénea —como hasta aquí ha ocurrido — sino en la idea de avanzar hacia una educación diferenciada en sus insumos y procesos — porque diferentes son los grupos que atiende— para el logro de resultados similares.
En suma, equidad significa: provisión diferenciada para la obtención de resultados similares; atención especial a los requerimientos de los grupos que social y culturalmente están más distanciados de la cultura escolar, y focalización y discriminación positiva en la provisión de insumos y apoyos técnicos. En el caso de la educación superior ha significado en cambio, introducir el principio del cobro de aranceles en el caso de las instituciones públicas, como una manera de reducir la inequidad que se genera al favorecer con enseñanza gratuita —o sea costeada por todos los contribuyentes— a quienes están en condiciones de pagar los beneficios privados que adquieren al obtener un título profesional o técnico superior.
Por ello, es de suma importancia seguir trabajando en un modelo educativo más inclusivo e igualitario, con la finalidad de alcanzar un desprendimiento del sistema educativo de los ochenta e irse adecuando a los nuevos modelos educativos que apunten a la igualdad. Tal como José Joaquín Brunner señala,
Los desafíos planteados al sistema educacional chileno exigen un “centro” activo; es decir, un Ministerio de Educación con funciones de nuevo tipo, relacionadas con la generación de condiciones para que el sistema pueda mejorar su calidad, equidad y eficiencia. Tales funciones son principalmente las de formulación de políticas y estrategias de desarrollo del sistema a mediano plazo, el apoyo técnico prestado a las unidades operativas, la focalización y discriminación positiva en el uso de los recursos para lograr objetivos de equidad, la información y evaluación para monitorear el desarrollo de las políticas y del sistema en su conjunto. Estas nuevas funciones plantean la necesidad de un Estado activo y de un Ministerio de Educación con capacidades efectivas de formulación de políticas, de gestión técnica y de manejo sofisticado de información (30).

Rutka Ramirez, Cordinadora de Teach Your Culture, Equipo Educate For

 

BIBLIOGRAFÍA
Brunner, José Joaquín. 1986. Informe sobre la educación superior en Chile. Santiago de Chile: FLACSO.
_____. 1992b. “La formulación de una nueva política de educación superior en Chile”. Estado, mercado y conocimiento: Políticas y resultados de la educación superior chilena 1960-1990. Eds. Brunner, Courard y Cox. Santiago de Chile: Colección Foro de la Educación Superior 1992.
Brunner, José Joaquín, y Guillermo Briones. 1992. “Higher Education in Chile: Effects of the 1980 Reform.” Ed. Wolff and Albrecht. Washington: The World Bank.